En un operativo que ha conmocionado a la ciudad de Rosario, varios centros de fertilidad fueron allanados bajo sospecha de estar involucrados en la comercialización ilegal de bebés nacidos mediante la técnica de subrogación de vientres. La investigación, que comenzó hace varios meses, apunta a una red que habría estado lucrando con la gestación subrogada, una práctica que en Argentina está permitida solo bajo estrictos marcos legales y no con fines de lucro.
El operativo fue llevado a cabo por la Policía Federal, con apoyo de la Justicia, en el marco de una causa iniciada por denuncias anónimas que indicaban irregularidades en la gestión de estos centros. Los investigadores sostienen que los responsables de estas clínicas habrían facilitado la subrogación de vientres a personas que buscaban convertirse en padres, pero con fines comerciales, lo que está prohibido en el país.
Durante los allanamientos, se incautaron documentos, historiales médicos y equipos tecnológicos que serán clave para avanzar en la investigación. Según fuentes judiciales, se está evaluando si existieron pagos ilegales a las mujeres gestantes y si hubo intermediarios que operaban como agentes comerciales entre los futuros padres y las clínicas. Además, no se descarta la posibilidad de que algunos de los involucrados tengan conexiones internacionales.
El fiscal a cargo de la causa, Julio Fernández, declaró a la prensa: «Estamos ante una situación muy grave que no solo vulnera los derechos de las mujeres gestantes, sino que también afecta a los niños nacidos bajo estos arreglos. Estamos trabajando para esclarecer la magnitud del entramado y llevar a los responsables ante la justicia».
Organizaciones de derechos humanos y defensoras de la gestación subrogada han expresado su preocupación por el caso. Mariana Gómez, representante de una ONG que promueve el acceso a técnicas de reproducción asistida, afirmó: «La subrogación de vientres es un acto altruista cuando se hace bajo los marcos legales. Es lamentable que algunos quieran lucrar con una práctica que debería ser de ayuda para las familias, no un negocio».
Hasta el momento, no se han dado a conocer detenciones, pero las autoridades adelantaron que seguirán los procedimientos en las próximas semanas, mientras se analizan las pruebas recogidas.