El gobierno de Bolivia ha manifestado su enérgico rechazo al proyecto del presidente argentino Javier Milei para instalar un alambrado de 200 metros en la frontera de Aguas Blancas, provincia de Salta. Este plan, aprobado recientemente, tiene como objetivo reforzar los controles en la zona fronteriza, pero ha generado una fuerte reacción de las autoridades bolivianas, quienes consideran la medida una violación a los principios de integración regional y a los derechos humanos.
El comunicado oficial del gobierno boliviano
En un comunicado emitido por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Bolivia, se exigió al Gobierno argentino una explicación clara sobre los fundamentos de este proyecto. «Este tipo de acciones contradicen los valores de cooperación y respeto mutuo que deben regir las relaciones entre países hermanos. Nos preocupa profundamente que este alambrado, bajo el argumento de controlar la frontera, sea una medida discriminatoria que afecte a las comunidades que históricamente han convivido y transitado libremente en esta región», señala el documento.
El canciller boliviano, Rogelio Mayta, fue más contundente en sus declaraciones al respecto: «No permitiremos que se levanten barreras físicas que vulneren los derechos fundamentales de las personas que residen y transitan en la frontera. Si este proyecto no es retirado de inmediato, Bolivia llevará el caso ante organismos internacionales, incluyendo la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
«Mayta también subrayó que la medida viola acuerdos bilaterales y tratados internacionales, como el Tratado de Paz y Amistad de 1904 y el Acuerdo de Complementación Económica (ACE), que promueven la integración y el respeto a los derechos de los ciudadanos de ambos países.
El argumento de Argentina
Por su parte, desde el gobierno argentino, se defendió la medida como parte de una estrategia para combatir el contrabando, el tráfico de personas y otros delitos transfronterizos. En un discurso reciente, el presidente Milei afirmó: «El alambrado es una medida necesaria para proteger a nuestra nación y a nuestros ciudadanos. No se trata de un ataque a Bolivia, sino de una acción soberana en defensa de los intereses argentinos.»
Sin embargo, las declaraciones del mandatario no han calmado los ánimos en Bolivia, donde las organizaciones sociales y políticas han calificado la medida de xenófoba y de clara discriminación hacia los ciudadanos bolivianos.
Impacto en las comunidades fronterizas
El proyecto del alambrado ha despertado una fuerte preocupación en las comunidades de Aguas Blancas y Bermejo, ubicadas en la frontera entre ambos países. Estas regiones tienen una larga tradición de intercambio comercial y cultural, que podría verse seriamente afectada por la instalación de la barrera.
«Nosotros vivimos de lo que cruzamos al otro lado. No somos delincuentes, somos trabajadores», expresó un comerciante de Bermejo, en referencia a la importancia del comercio informal en la zona. Organizaciones de derechos humanos han advertido que la medida podría agravar la situación de vulnerabilidad de miles de personas que dependen de esta actividad.
Un conflicto en desarrollo
La controversia sobre el alambrado de 200 metros en Aguas Blancas pone en tensión las relaciones entre Bolivia y Argentina, dos países históricamente unidos por lazos culturales y económicos. Mientras Bolivia insiste en la retirada inmediata del proyecto y amenaza con acudir a instancias internacionales, Argentina defiende su derecho soberano a controlar sus fronteras.
La comunidad internacional sigue de cerca este conflicto, que podría sentar un precedente sobre cómo abordar los desafíos de seguridad fronteriza sin vulnerar los derechos humanos ni los principios de cooperación entre naciones vecinas.