Las protestas contra la reforma fiscal en Colombia dejaron al menos 19 muertos y más de 800 heridos.
Las manifestaciones comenzaron el pasado 28 de abril con un paro nacional en rechazo a la reforma tributaria enviada por el gobierno de Iván Duque al Congreso, que entre otras cosas, pretendía incrementar el Impuesto al Valor Agregado (IVA) a bienes y servicios públicos, así como ampliar el padrón de contribuyentes del impuesto a la renta.
En medio de la indignación, el expresidente del país, Álvaro Uribe, recurrió a Twitter para decir que los colombianos deben apoyar “el derecho de soldados y policías de utilizar sus armas para defender a las personas y bienes” del “terrorismo vandálico”.
Twitter eliminó el mensaje poco después, diciendo que violaba las reglas “con respecto a la glorificación de la violencia”.
Duque, heredero político de Uribe, pronto desplegó más fuerzas militares en las calles para sofocar los disturbios.
Finalmente, este domingo, tras cinco días de manifestaciones, el mandatario anunció la retirada del proyecto de ley y la preparación de uno nuevo.
En ese contexto, este lunes trascendió la notica sobre la renuncia del ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla.
La represión que desató el gobierno contra los manifestantes dejó un saldo de 21 personas asesinadas y 208 personas heridas según datos de la Campaña Defender la libertad.
También relevaron 18 personas con lesiones oculares, 10 casos de violencia sexual, al menos 503 detenidos y 42 agresiones a defensores/as de derechos humanos o reporteros independientes.
Sin embargo las cifras oficiales, difundidas por la Defensoría del Pueblo, registraron 18 civiles y un policía muertos en las protestas en varias ciudades del país. Además, 846 heridos incluidos 306 civiles.
Ante esta situación, casi un centenar de organizaciones colombianas enviaron una comunicación a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en la que ofrecen información sobre «las violaciones a derechos humanos» cometidas durante las protestas y exigen que se inste al Estado colombiano a adoptar «medidas de protección a la vida, integridad personal, libertad personal, debido proceso, libertad de expresión, libertad de asociación, derecho de reunión, derecho a la participación y demás derechos fundamentales».