En un sorpresivo anuncio, el Gobierno ha confirmado la disolución de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) como parte de un ambicioso plan de reforma fiscal. La medida, que ha generado fuertes reacciones en diversos sectores, tiene como objetivo principal la simplificación del sistema impositivo y la reducción de la carga tributaria sobre las empresas y los ciudadanos.
Según el comunicado oficial, la disolución de la AFIP permitirá eliminar barreras burocráticas y fomentar la inversión privada, promoviendo un entorno económico más dinámico y competitivo. La recaudación fiscal pasará a ser responsabilidad de una nueva entidad con funciones más limitadas y específicas, cuyo objetivo será reducir los costos administrativos y mejorar la eficiencia en la captación de impuestos.
El ministro de Economía destacó que esta iniciativa forma parte de un conjunto de políticas orientadas a «liberar al sector productivo de ataduras burocráticas» y que “Queremos ir a un país sin AFIP y sin INADI, ni ningún organismo que cercene las libertades de la gente de bien”, afirmó el vocero presidencial, Manuel Adorni, en conferencia de prensa.. Además, enfatizó que el nuevo modelo facilitará la formalización de la economía y la creación de empleo.
Sin embargo, la medida ha sido recibida con escepticismo por parte de la oposición y algunos expertos en materia fiscal. Críticos de la decisión aseguran que la eliminación de la AFIP podría poner en riesgo la estabilidad financiera del país, ya que la institución cumple un rol clave en la recaudación de fondos necesarios para el gasto público. Asimismo, advierten que la transición hacia un nuevo esquema podría generar incertidumbre en el corto plazo y afectar la percepción internacional sobre la solvencia del país.
En el sector empresarial, las opiniones están divididas. Mientras algunos celebran la posibilidad de una menor carga impositiva y una administración más ágil, otros temen que la falta de claridad sobre el nuevo sistema de recaudación pueda derivar en conflictos y ajustes inesperados en el futuro.
El Gobierno ha asegurado que la implementación de la medida será gradual y que se tomarán las precauciones necesarias para evitar un colapso en los ingresos fiscales. Asimismo, se ha comprometido a dialogar con todos los sectores involucrados para garantizar que la transición sea ordenada y beneficiosa para la economía en su conjunto.
Este anuncio marca un antes y un después en la historia de la política fiscal del país, y su éxito o fracaso dependerá en gran medida de la capacidad del Gobierno para gestionar los desafíos que surjan en el camino.