El Gobierno nacional ha oficializado la privatización de Intercargo, la empresa estatal encargada de los servicios de rampa y traslado de equipajes en 21 aeropuertos del país. A través del Decreto 198/2025, publicado este martes en el Boletín Oficial, se autorizó la venta del 100% de las acciones de la compañía mediante una licitación pública de alcance nacional e internacional.
Esta medida se enmarca en una política de desregulación del sector aerocomercial impulsada por el Gobierno, que busca reducir requerimientos operativos y habilitar a aerolíneas y terceros a prestar servicios de rampa, adoptando estándares internacionales en las operaciones aeroportuarias.
Intercargo, fundada en 1961, ha sido responsable de la atención en tierra de aeronaves, traslado de pasajeros y manejo de equipajes y cargas. Desde 1990, la empresa tenía la concesión exclusiva de estos servicios en los aeropuertos de Ezeiza y Aeroparque, extendiendo posteriormente su operación a otras terminales hasta alcanzar 21 aeropuertos en todo el país.
Durante el período 2020-2023, la compañía recibió asistencia financiera estatal por aproximadamente $6.700 millones para mantener sus operaciones y cumplir con los estándares de calidad y seguridad exigibles. Sin embargo, el Gobierno argumenta que la empresa no está en condiciones de afrontar las inversiones necesarias para modernizar sus servicios sin apoyo financiero estatal, por lo que la privatización busca incorporar capital privado para mejorar la infraestructura, fomentar la competencia en el mercado aerocomercial y garantizar una mayor calidad en la atención de las aerolíneas y pasajeros.
El proceso de privatización será gestionado por el Ministerio de Economía, con la intervención de la Agencia de Transformación de Empresas Públicas. Además, se establece la rescisión por mutuo acuerdo del contrato de concesión vigente entre el Estado e Intercargo antes de la transferencia de acciones. El decreto también subraya que la privatización no debe afectar la continuidad de los servicios de rampa, considerados esenciales para la conectividad aérea nacional e internacional.
Esta decisión se produce en un contexto de conflictos laborales en el sector aerocomercial. En septiembre de 2024, una huelga de Aerolíneas Argentinas afectó a miles de pasajeros y agravó el conflicto en la empresa estatal, lo que llevó al Gobierno a impulsar medidas de desregulación y apertura del mercado.