El Gobierno Nacional anunció oficialmente el inicio del proceso de privatización de Energía Argentina S.A. (ENARSA), marcando un cambio de rumbo en la política energética del país.
El primer paso de este proceso será la venta del paquete accionario que ENARSA posee en TRANSENER, la principal empresa de transmisión eléctrica del país. Con esta decisión, el Gobierno busca devolver al sector privado el control de una infraestructura clave para el sistema eléctrico nacional.
“Después de años de despilfarro y mala administración, se terminó la etapa del Estado empresario. Es hora de apostar por la eficiencia, la inversión privada y un sistema energético más transparente y sostenible”, expresaron fuentes oficiales.
Desde el Ministerio de Economía aseguraron que la privatización busca reducir el gasto público, mejorar la calidad del servicio y fomentar la competencia. En los próximos meses se evaluarán otros activos de ENARSA para avanzar con un proceso progresivo de desinversión.
La medida generó reacciones encontradas entre especialistas y sectores políticos. Mientras algunos celebran la decisión como un paso necesario para modernizar el sector, otros advierten sobre los riesgos de ceder áreas estratégicas al mercado privado.