Esta semana se cumplieron cinco meses desde la suspensión del servicio ferroviario de pasajeros entre Rosario y Cañada de Gómez, generando preocupación entre usuarios y organizaciones del sector por la falta de definiciones oficiales.
El diputado nacional Eduardo Toniolli llevó el reclamo al Congreso, donde el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, atribuyó la interrupción a la falta de material rodante. Sin embargo, Toniolli acusó al gobierno nacional de mentir y sostuvo que existen formaciones disponibles, pero no hay voluntad política para restablecer el servicio. “Es una decisión deliberada del gobierno de Javier Milei de desmantelar el sistema ferroviario, especialmente en el interior del país”, denunció.
El informe de gestión presentado ante el Congreso confirma la cancelación de al menos ocho servicios ferroviarios desde el cambio de gestión, entre ellos los ramales Rosario–Cañada de Gómez, Once–Pehuajó y General Guido–Pinamar.
El tren entre Rosario y Cañada había sido reactivado en 2022, tras 45 años sin operar. En 2023 alcanzó récords de pasajeros, movilizándose alrededor de 20 mil personas por mes. A pesar de contar con solo tres frecuencias diarias y sin funcionamiento los domingos, el servicio fue bien recibido por las localidades del corredor de 71 kilómetros.
“Había una aceptación real de parte de la gente. Se generaban conexiones útiles en todas las estaciones del recorrido, no solo entre cabeceras”, explicó Mariano Antenore, de la Asociación Rosarina Amigos del Riel.
Antenore remarcó que la suspensión dejó un vacío en la movilidad regional: «Lo que queda es el transporte por colectivo, con tarifas muy elevadas y frecuencias irregulares. El impacto se siente especialmente en las localidades intermedias».
Desde Trenes Argentinos, el ramal continúa figurando oficialmente como “cancelado”, mientras que la provincia de Santa Fe no emitió declaraciones. Organizaciones ferroviarias recuerdan que existe una Ley de Ferrocarril Provincial que podría activarse para que el gobierno santafesino asuma un rol más activo.
«La provincia tiene una Secretaría de Movilidad y una Unidad Especial de Transporte Ferroviario. Deberían al menos comunicar si hay algún trabajo en marcha. No se puede mirar para otro lado mientras se desmantelan servicios esenciales», concluyó Antenore.