La decisión llega tras el fallo de la Corte Suprema de EE.UU. y agrava la presión sobre la economía argentina
– La jueza Loretta Preska, del Tribunal del Distrito Sur de Nueva York, aprobó el embargo de USD 210 millones en activos argentinos, en el marco de un prolongado litigio con acreedores internacionales. La medida llega luego de que la Corte Suprema de Estados Unidos rechazara intervenir en el caso, habilitando así los reclamos de los fondos holdouts contra el país sudamericano.
Además, la magistrada dispuso el congelamiento de otros USD 100 millones, mientras se resuelve una disputa entre dos fondos de inversión sobre la titularidad de los activos en cuestión. Con esta decisión, Preska impide cualquier movimiento de dichos recursos hasta que se aclare quién tiene derecho a ellos.
Un conflicto de larga data
El litigio tiene su origen en la crisis de deuda de Argentina en 2001 y en los posteriores canjes de deuda de 2005 y 2010, a los cuales un grupo de acreedores –conocidos como holdouts– se negó a adherir. Estos fondos llevaron su reclamo a tribunales estadounidenses y obtuvieron fallos favorables, que en los últimos años han derivado en intentos de embargo sobre activos argentinos en el exterior.
En esta ocasión, la decisión de Preska refuerza el poder de los fondos litigantes para ejecutar sus demandas contra Argentina, dificultando aún más la ya compleja situación financiera del país.
Consecuencias para Argentina
El gobierno argentino aún no ha emitido una declaración oficial sobre la medida, pero se espera que su equipo legal intente presentar apelaciones o negociar una salida diplomática. Sin embargo, la situación se torna más adversa, ya que la decisión judicial afecta la posición de Argentina en los mercados internacionales y podría complicar las negociaciones en curso con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y otros acreedores.
Además, el fallo podría incentivar a otros acreedores a buscar embargos similares sobre bienes y activos argentinos en el exterior, generando una mayor incertidumbre sobre la capacidad del país para cumplir con sus compromisos financieros.
Un golpe en un momento crítico
La resolución de la jueza Preska llega en un contexto económico delicado para Argentina, que enfrenta altos niveles de inflación, restricciones en el acceso a divisas y tensiones políticas internas en torno a su política económica.
La posibilidad de perder activos clave en el exterior es un nuevo obstáculo para el país en su intento de estabilizar la economía y generar confianza en los inversores. Mientras tanto, el gobierno deberá evaluar sus próximos pasos legales y financieros para enfrentar la creciente presión de los fondos holdouts.