El viernes 29 de noviembre se resolvió que la causa que tramita ante el juzgado de María Romilda Servini continúe la investigación de la existencia de delitos de Lesa Humanidad en el Estado Plurinacional de Bolivia.
En el expediente se documentan pruebas de que Áñez y el empresario Luis Fernando Camacho son los autores materiales de los delitos de persecución, asesinatos, desapariciones y acciones criminales en contra de miles de personas, incluyendo ciudadanos argentinos y bolivianos con documentos argentinos.
La denuncia fue realizada por Daniel Segovia del consejo de política indígena de Argentina junto a Victor Gutierrez Diputado nacional del Estado Plurinacional de Bolivia, con el patrocinio del letrado Pastor Barragán.
Se los imputa de ser los responsables directos del terrorismo de estado desplegado luego del golpe de estado contra Evo Morales y que extra oficialmente se cuenta en 38 muertos por represión y unos 1.200 detenidos a denuncia da cuenta de los riesgos para su integridad física a la que están sometidos ciudadanos argentinos -entre otros- Juan Moronte (abogado de Madres de Plaza de Mayo) y el cura en opción por los pobres Francisco Oliveira. Ambos se encuentran trabajando en la asistencia de víctimas de la represión y denunciaron amenazas por parte del ejército y la policía local.
Están citados a declarar como testigos de lo sucedido, Cecilia Merchán, el presidente depuesto Evo Morales y Sergio Choque, presidente de la Cámara de Diputados de Bolivia, entre otros.