Un abogado peronista denunció penalmente al diputado de Juntos por el Cambio Fernando Iglesias por su conducta en la Asamblea Legislativa, cuando interrumpió a los gritos el discurso del presidente, Alberto Fernández, y pidió que sea sometido a un examen psiquiátrico anta la posibilidad de una “posible perturbación”.
“Vengo a requerir que los canales de noticias remitan todas las disputas y actos indecorosos, agresiones, insultos, y defensas del nazismo, violencia de género y toda falta de urbanidad, decoro, o evidencia de patología; con remisión al cuerpo de Peritos Forenses de la Corte para que se expida sobre la posible perturbación de la orientación espacio temporal de Iglesias”, sostiene la presentación.
El denunciante es Antonio Liurgo, un abogado de larga trayectoria y conocida militancia peronista que en el pasado, por ejemplo, promovió la investigación contra el periodista Fernando Niembro por presuntas contrataciones ilegales con la Ciudad de Buenos Aires, causa por la que fue sobreseído después de tres años de investigación.
Entre las medidas de prueba propuestas figura la declaración testimonial de “las tres mujeres que “compartían e integraban protocolarmente sentadas a ambos extremos Sr Presidente de la Nación al momento de producirse el hecho que aquí se denuncia: Cristina Fernández de Kirchner, Beatriz Rojkes de Alperovich y Cecilia Moreau”.
La acusación contra Iglesias se fundamenta en el artículo 241 del Código Penal, que prevé una condena de 15 días a seis meses de prisión para “el que perturbare el orden de las sesiones de los cuerpos legislativos nacionales o provinciales, en las audiencias de los tribunales de justicia o donde quiera que una autoridad está ejerciendo sus funciones” y para quien “impidiere o estorbare a un funcionario público cumplir un acto propio de su función”.
Previo a avanzar con la investigación, el denunciante pidió que se establezca si Iglesias padece “indicios de patología psiquiátrica y cualquier otro dato de interés respecto de su estructura psicológica de base que le impida conocer la criminalidad de acto aquí investigado”.
Alberto Fernández “se vio obligado a interrumpir su discurso y responder a la perturbada actitud del representante del Pueblo, quién reclamaba entre varias cuestiones con irrespetuosidad la falta de conocimiento del derecho del Presidente, y lo llevaba adelante con una conducta delictual prevista”, dice la denuncia.
“Ha quedado claro que este tipo de agresiones son moneda corriente en la cotidiana vida política. (…) La perturbación ha sido el camino elegido por el denunciado”, añade el escrito, ingresado digitalmente a la Cámara Federal porteña.