La sentencia se dio a conocer este lunes 2 de diciembre por el Tribunal de Sentencia de Honduras.
Los condenados son: Elvin Rápalo, Óscar Torres, Edilson Duarte Meza y el ex sargento de fuerzas especiales Henry Javier Hernández quienes recibieron una sentencia de 34 años por el homicidio de Cáceres y 16 más por tentativa de asesinato contra un ciudadano mexicano, lo que da un total de 50 años.
Por su parte el ex jefe de seguridad de DESA y ex teniente del ejército entrenado por los Estados Unidos Douglas Geovanny Bustillo, el ex gerente ambiental de DESA Sergio Ramón Rodríguez Orellana y Mariano Díaz Chávez, fueron sentenciados a 30 años de prisión por ser coautores del crimen.
La justicia concluyó que el grupo condenado actuó como sicarios contratados por ejecutivos de la compañía DESA, debido a pérdidas financieras resultantes de la labor de derechos humanos de Berta Cáceres en la región.
Otro imputado en este caso es David Castillo Mejía, presidente de DESA, al que la Fiscalía del Estado acusó de autor intelectual del asesinato de la ambientalista. Por haber sido capturado el 2 de marzo de 2018, su proceso está pendiente de llegar a juicio oral y público. La empresa Desarrollos Energéticos mediante comunicados ha argumentado la inocencia de sus ejecutivos detenidos y se ha desligado del asesinato de Cáceres.
La ambientalista y líder del pueblo lenca fue asesinada a balazos el 2 de marzo de 2016 cuando se encontraba en su casa en el municipio de La Esperanza, departamento de Intibucá. En el hecho también resultó herido un mexicano, amigo de Cáceres.
Por su parte la hija de la activista, Berta Zuñiga Cáceres y coordinadora del Copinh dijo que pese a la condena aún no hay justicia, «hay condenas, pero no justicia. Los autores intelectuales del asesinato siguen gozando de impunidad, a pesar de que se ha comprabado que la Empresa de Desarrollos Energéticos fue la encargada y responsable de asesinar a Bertha Cáceres», agregó.
Berta Cáceres era una defensora de derechos humanos en Honduras y una mujer indígena feminista Lenca que, trabajó en la defensa del territorio y los derechos del pueblo Lenca. En 1993, Berta co-fundó el Consejo Cívico de Organizaciones Indígenas Populares (COPINH), el cual organizó campañas contra los megaproyectos que traían violaciones a los derechos de las personas indígenas en el país.
Debido a su trabajo, recibió varias amenazas contra su vida, lo que llevó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgarle medidas cautelares de protección, sin embargo no fueron suficientes para protegerla.
Antes de su asesinato, Cáceres denunció ante las autoridades competentes el Desalojo de 50 familias de sus viviendas en los municipios de La Jarcia y Guisé, situados en el departamento de Intibucá y los homicidios de cuatro compañeros del Copinh.